Dentro de los procedimientos por incumplimiento emprendiendo acciones jurídicas contra los Estados Miembros por no haber cumplido con el Derecho de la UE, la Comisión Europea envió el pasado 15 de febrero un dictamen motivado a España pidiendo que se modificaran las normas que regulan el modelo 720 que se usa para declarar la posesión de ciertos bienes en el extranjero, al considerar desproporcionadas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento, normativa discriminatoria que entra en conflicto con las libertades fundamentales de la UE. La Comisión llevará a España al TJUE si no recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de 2 meses.
Las autoridades españolas ya han expresado su intención de defender esa normativa, incluso acudiendo a los tribunales, como hemos podido leer en prensa.
La decisión de la Comisión puede alentar a aquellos que no declararon en plazo y que se encuentran ahora bajo la presión del intercambio automático de información siguiendo la normativa CRS o estándar de reporte común, para que tomen una decisión y regularicen su situación voluntariamente antes de ser requeridos o investigados.
23/02/2017